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¿Qué es un delito contra el mercado y los consumidores?

Los delitos contra el mercado y los consumidores se refieren a delitos de carácter socioeconómico que atentan contra el mercado, la libre competencia y los consumidores, y su gravedad hace que las sanciones sean superiores a las administrativas.

Tipos de delitos contra los mercados y los consumidores

Teniendo en cuenta el Código Penal, los siguientes representan delitos que atentan contra el mercado y los consumidores:

  • Faltante de materias primas o de productos de primera necesidad
  • Publicidad engañosa
  • Facturación fraudulenta
  • Delitos contra la libre competencia
  • Abuso de información privilegiada
  • Fraude de inversores
  • Corrupción comercial

¿Cómo se persiguen los delitos contra el mercado y los consumidores?

Para perseguir cualquier delito contra el mercado y los consumidores, el artículo 287 del Código Penal establece la necesidad de que las personas que resulten perjudicadas por él efectúen la denuncia ante la autoridad competente.

No se requerirá presentar una denuncia cuando el delito involucre a más de una persona o viole la libertad de mercado o de competencia, como también sucede con el delito de filtración de información confidencial. Los fiscales pueden denunciar estos delitos cuando la persona perjudicada sea un menor de edad o bien una persona discapacitada que necesite protección especial.

Sanciones

Las sanciones para las personas jurídicas consideradas penalmente responsables por delitos contra el mercado y los consumidores son las siguientes:

Por delitos incluidos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283, 285 y 286:

  • Si la condena de la persona es superior a dos años, multa del doble al cuádruple del beneficio recibido o que se hubiera esperado recibir.
  • En los demás casos, sanción del doble al triple del beneficio recibido o que se hubiera esperado recibir.

Para los delitos previstos en los artículos 277, 278, 280, 281, 282, 282 bis, 284, 286 bis al 286 bis:

  • Multa de dos a cinco años o del triple al quíntuple del beneficio recibido o que se hubiera esperado recibir (el mayor valor), cuando la condena sea superior a dos años.
  • Multa de seis meses a dos años o del doble de la utilidad o expectativa (la que sea mayor), en los demás casos. Asimismo, el juez también podrá imponer las sanciones previstas en el artículo 33.7:
  • Multa en cuotas o proporcional.
  • Disolución de persona(s) jurídica(s).
  • Suspensión de la actividad por un plazo máximo de cinco años.
  • Cierre de establecimientos e instalaciones por un plazo máximo de cinco años.
  • Prohibición de actividades futuras una vez cometido el delito. Puede ser temporal (hasta 15 años) o permanente.
  • Prohibición de recibir subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y percibir impuestos y prestaciones de la seguridad social por un plazo máximo de 15 años.
  • Intervención judicial para proteger los derechos de los trabajadores o acreedores por el tiempo que sea necesario por un plazo máximo de cinco años.
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